La automatización del registro civil resultará una tarea compleja y de tiempo indefinido

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SANTO DOMINGO, D.N.- La puesta en práctica de un sistema automatizado de registro y expedición de los actas de identidad y del estado civil es una tarea que cada vez se torna más compleja y llena de obstáculos ante los nueve jueces de la Junta Central Electoral, quienes dedicaron este viernes al estudio del contrato con el consorcio SOMO.
En caso de que el tribunal de elecciones decida continuar con el proyecto y que las empresas contratadas terminen su obra, el sistema nacional del registro civil no quedará completamente automatizado.
Inicialmente, las autoridades y los empresarios anunciaron que en julio pasado una oficialía ya debía estar preparada para rastrear el documento de una persona en la base de datos de cualquier otra unidad similar; pero no se sabe cuándo esto pasará, según se desprende de las declaraciones del presidente del Pleno, Julio César Castaños Guzmán.
"Otra inquietud que yo tengo, estratégica también”, dijo el juez electoral en conversación con la prensa, “es la interconexión de las 161 oficialías en todo el país, lo cual plantea ciertos problemas técnicos, como es el uso de un cable de fibra óptica o un sistema de Wi-fi (conexión inalámbrica)”. Sucede que la interconexión no está garantizada en la cláusula con SOMO, por lo tanto será el Estado el que tendrá que completar el trabajo.
Además de esa inversión, la JCE deberá adecuar la planta física de las oficialías civiles y dotarlas de los equipos adecuados para la puesta en funcionamiento de la red nacional. Otro escollo lo constituye el hecho de que muchos de los locales de oficialías son alquilados, explicó Castaños Guzmán.
De las 161 oficialías, sólo una en el país tiene integrados a su régimen de trabajo los datos digitalizados de los actos del estado civil de sus inscritos.
Mientras se salvan todos estos obstáculos, la ciudadanía tendrá acceso de manera indefinida a un servicio manual, en condiciones precarias, con incómodos plazos de trámites; esto sumado a la vulnerabilidad del sistema ante los fraudes.
Desde las 10:00 de la mañana hasta las 3:15, el Pleno de jueces escuchó los informes de los directores departamentales que tienen conexión directa con los ejecutivos, pero la jornada no resultó suficiente para asumir conclusiones y los funcionarios tendrán que presentar una propuesta el próximo lunes.
“Este es una asunto complejo, complejo, hay que darle un seguimiento del día a día. Yo les aseguro que en cuanto a esto la JCE ha decidido que haya una transparencia total en todos los sentidos, desde el punto de vista financiero, del tecnológico, así como desde el punto de vista de la contratación y el establecimiento de cuáles son las responsabilidades que tiene la JCE y las que tiene el consorcio”, Castaños Guzmán.
Entre las respuestas que los directores departamentales tienen que responder el lunes, la primera es si la tecnología y los equipos que suministró SOMO son “salvables”, o sea, si el Estado los puede aprovechar en caso de que la JCE rescinda el contrato.
La posibilidad de rescindir surgió luego de que el anterior secretario general, Antonio Lockward, denunció que supuestos intereses particulares forzaron para el pago irregular de una partida de US$13 millones a la empresa privada, que hasta el momento ha recibido US$40 millones en pago. Esta es la parte que la JCE estudiará a través de una auditoría que encargará a una empresa privada.
La segunda respuesta tiene que ver con la posibilidad de renegociar el contrato para el proyecto, del cual quedan pendientes de pago unos RD$11 millones, para completar los US$35 millones correspondientes al componente del registro civil.
Por último, deberán identificar responsables sobre las supuestas irregularidades que se puedan documentar.
Integran la comisión el administrador de Informática, Miguel Angel García; el director de Informática, Franklin Frías; el director del Registro Civil, Servio Tulio Almánzar; el nuevo director de Elecciones, Joel Lantigua; el de Cedulación, Juan Carlos Sánchez, y otros cinco funcionarios.