El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) otorgó un plazo de seis meses a las empresas prestadoras de servicios telefónicos para crear un mecanismo de identificación y validación de los usuarios de líneas fijas y móviles.
La disposición está contenida en la resolución 039-13 aprobada por el Consejo Directivo del Indotel, en la que justifica la medida porque a través de ese mecanismo facilitará la identificación del usuario y su localización geográfica en el nuevo sistema de emergencia 9-1-1 a implementarse a partir del 2014 en el país.
De acuerdo a la resolución del Indotel, a más tarde en junio del 2014 las prestadoras de servicios telefónicos deben tener un registro actualizado de sus clientes de líneas fijas, móviles y prepago.
“Para que todos los usuarios titulares de teléfonos móviles pre-pagos validen ante sus correspondientes prestadores de servicios públicos de telefonía donde tienen líneas activas su identificación para las respectivas líneas telefónicas que tienen en vigencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 31 del Reglamento General de Servicio Telefónico”, señala el Indotel.
Con la medida se busca, según explica la resolución, que las prestadoras eliminen cualquier línea telefónica que no haya sido contratada, por la persona a nombre de quien aparezca registrada.
Además, ordena a las prestadoras de servicios de telefonía pre-paga “validar y confirmar la identidad de los usuarios con líneas activas antes del 12 de junio del 2014.
“La identificación de los usuarios se efectuará mediante un documento acreditativo de identidad, haciéndose constar nombres, apellidos y nacionalidad del solicitante, así como el número correspondiente al documento identificativo utilizado y la naturaleza o denominación de dicho documento”, expresa la resolución.
Explica que en los casos de personas jurídicas, la identificación se realizará aportando el Registro Nacional de Contribuyentes (RNC), y se hará constar en la denominación social.
Indotel señala que cumplido el plazo de los seis meses, las prestadoras de servicios de telefonía tienen que desactivar las líneas telefónicas que no hayan sido identificadas y validadas, sin perjuicio de la compensación que, en su caso, corresponda al titular de las mismas por el saldo pendiente de consumo.
La resolución de Indotel dispone que las prestadoras habiliten un portal en Internet con informaciones relativas a las líneas telefónicas asociadas a su documento acreditativo de identidad de manera segura y respetando los principios de privacidad y confidencialidad, en un plazo no mayor de un mes contado a partir de la entrada en vigencia de la resolución.
El nuevo sistema 9-1-1
En un considerando de la resolución número 039-13, se señala que “el sistema 9-1-1 funcionará como un servicio telefónico especial básico de emergencia e incluirá la posibilidad de identificación del usuario y su localización geográfica”.
Sostiene que para que eso sea posible “se hace imprescindible lograr la identificación del equipo que utilizará el usuario, relacionando la información con el propietario, a fin de fortalecer la seguridad de la que se implementará con la plataforma 9-1-1”.
Señala que en los últimos años República Dominicana ha experimentado un incremento notorio en la activación de teléfonos móviles, pero advierte que representantes y distribuidores de las prestadoras “activan líneas telefónicas sin comprobar los datos básicos del solicitante y en algunos casos sin el previo consentimiento o conocimiento del solicitante”, en franca inobservancia a lo establecido en el Reglamento General de Servicio Telefónico.
En otro considerando, la resolución resalta que el 90% de las líneas móviles activadas corresponden al plan prepago, cuya modalidad de contratación, históricamente ha sido objeto de omisiones en los procedimientos de activación.
Precisa que esa irregularidad produce como consecuencia “fallas en la recopilación de los datos de identidad de los usuarios, lo que dificulta la materialización de la identificación del usuario titular”.
Indotel señala que esa situación crea problemas al Ministerio Público y los organismos de investigación e inteligencia del Estado, razón por la cual “determinó la necesidad de poder identificar y validar la identidad de todos los usuarios de los servicios públicos de telefonía móvil, para disponibilidad de los mismos en caso de necesidad de investigación de algún acto delictivo vinculado con el equipo que se trate”.
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